Historia del banco de España

En 1829 nació el Banco Español de San Fernando prácticamente como una sociedad liquidadora del Banco Nacional de San Carlos. Fue creado por la Real Célula del 9 de julio de 1829, con un capital de 60 millones de reales divididos en 30. 000 acciones de 2. 000 reales. La deuda del Estado con el Banco de San Carlos ascendía en 1829 a 309. 475. 984 reales, de los cuales sólo pagó 40 millones en efectivo para saldarla. Esto llevó al banco a la quiebra, pero los accionistas del San Carlos recibieron a cambio acciones del nuevo Banco de San Fernando por la diferencia. Los estatutos, redactados por Sainz de Andino, especificaban como fines la emisión de billetes al portador para Madrid, el descuento y como prestamista del Tesoro. Básicamente no era un banco de depósitos, y sus operaciones se veían limitadas por el temor a sufrir la penosa suerte de su antecesor. Con ello su actividad fue restringida, y no llegó a utilizar ni la mitad de sus activos en los primeros cuatro años de vida. Su preocupación era atender los billetes circulantes en Madrid y los créditos del Estado. Con la guerra carlista (1833-1839), el Estado requirió la atención del banco, al extremo que se convirtió en un apéndice de éste, colocándolo en continuos apuros económicos. Las operaciones con particulares quedaron marginadas, y la entidad desembocó en una situación precaria, hasta el extremo de que para mantener el precio de las acciones se vio obligado a comprar parte de ellas.

El banco de Isabel II

En 1840, como consecuencia de la desamortización, la actividad del banco aumentó, pero no por ello dejó de mantener su estrecha vinculación con el Estado, que duró hasta 1843. Esta circunstancia frenó sin duda alguna la economía del país, pues faltaban instituciones de crédito que facilitaran recursos al comercio y la industria. Fue entonces cuando José Salamanca, junto con otros capitalistas y comerciantes, propu so la creación del Banco de Isabel 11 (enero de 1844). El Banco de San Fernando se opuso a la iniciativa, pero el mismo mes empezó a funcionar el de Isabel II. El primero tenía el monopolio de emitir billetes, por lo que al segundo se le autorizó a emitir “cédulas al portador”. El capital fundacional fue de 100 millones de reales repartidos en 20. 000 acciones de 5. 000 reales. Su método de operar más moderno que el de su antecesor, promovió una rivalidad entre ambos que contribuyó a mejorar la situación bancaria en Madrid. El Banco de Isabel li, con sus líneas modernas de actuación, se amplió, y creó en 1846 el Banco Español de Cádiz, que también se convirtió en emisor de billetes. La expansión de éste exasperó al Banco de San Fernando, hasta el extremo de no aceptar los billetes emitidos por la competencia, pese a que ambas instituciones se desenvolvían en medios diferentes. En 1846, la crisis que se había iniciado en Francia e Inglaterra llegó a España, ocasionando una situación difícil a los dos bancos. En vista de ello Santillán, ministro de Hacienda, propuso en enero de 1847 la unión de ambas entidades, iniciativa que fue bien acogida por ambos dada su precaria situación. La fusión se realizó con la intervención del nuevo ministro de Hacienda, Salamanca, que como parte interesada del Banco de Isabel II favoreció a éste.

El nuevo banco español de San Fernando

Con la fusión, el nacimiento del nuevo Banco de San Fernando contó con un capital de 400 millones de reales, de los cuales 200 provenían a partes iguales de los dos bancos, y los otros 200 los suscribieron posteriormente los accionistas. Pero esta cifra nunca se llegó a cubrir. La crisis no cesaba; más bien iba en aumento. Y así, en 1848, agudizada por un desfalco del propio director de la entidad, las acciones que en enero cotizaban a 262 por 100 bajaban a 44 % en el mes de octubre. El gobierno seguía mostrándose incapaz de pagar sus deudas, y los activos incobrables de particulares, procedentes del Banco de Isabel II, llevaron a una situación lamentable. Para ponerle remedio, la ley de 4 de mayo de 1849 dividió el banco en dos departamentos, el de emisión y el de operaciones, y al mismo tiempo se le concedió el monopolio de emisión para toda España salvo Barcelona y Cádiz. Con esto se esperaba recuperar la credibilidad del banco y de los billetes en circulación. Aunque la ley no fue efectiva, la modernización del banco llevó a una reestructuración del mismo, cambiando la figura del director por la del gobernador. El primero fue Santillán, nombrado en diciembre de 1849, quien introdujo una reforma drástica del sistema: rebajó el capital a 120 millones de reales, eliminó los dos departamentos, reguló la emisión de billetes y creó nuevos bancos. Dio a conocer al público los balances semanalmente, en contra de la establecida doctrina del “misterio del crédito”, y mejoró la administración. En resumen, puso las bases de un banco central. Sus mejoras quedaron plasmadas en la ley de 15 de diciembre de 1851. Las actividades del banco continuaron, con numerosas emisiones y constantes reformas de adaptación a una economía ya creciente, hasta que la ley de 28 de enero de 1856 estableció que el Nuevo Banco de San Fernando tomara el nombre de Banco de España.

El banco de España

Nació en virtud de la ley de 28 de enero de 1856, pero su condición de único banco emisor de billetes de curso legal (hasta entonces había 15 bancos emisores), así como su categoría de nacional no llegaron hasta el Real Decreto de 19 de marzo de 1874. Hasta esta fecha hay que destacar la ampliación del capital a 200 millones de reales, el rechazo de crear un banco nacional con capital inglés y dos reformas monetarias. La primera de estas reformas se adoptó en 1864 para rebajar el contenido metálico de la moneda y los derechos de acuñación, y evitar así la fuga de moneda española hacia otros países, al mismo tiempo que introducía el sistema de cuenta decimal. La segunda reforma se produjo en octubre de 1868, para adaptarse al sistema de la Unión Monetaria Latina, con lo cual la peseta pasó a ser la unidad, dividida en 1 00 céntimos. Ante la anulación de los derechos adquiridos de los demás bancos emisores, se les dio la oportunidad de fusionarse con el Banco de España cambiando las acciones a la par, así lo hicieron en su mayor parte, convirtiéndose en sucursales de la nueva entidad nacional. La retirada y cambio de todo el papel moneda existente no se logró hasta 1884, operación que se combinó con la distribución de los nuevos billetes, en principio locales, para pasar luego a regionales y finalmente a nacionales. Esto implicó un gran volumen de emisión, lo que aumentó el capital hasta 700 millones, cifra próxima a los 750 millones permitidos por la ley, y obligó al banco a atender en metálico (plata) los pagos corrientes, para poder frenar la circulación fiduciaria. Se mantuvo una política austera de emisiones, y su convertibilidad sólo en plata, pues la conversión en oro se había abandonado en 1883 por las fugas al extranjero. Esta actitud desprestigió la divisa española en el mercado internacional. Como hemos podido comprobar, el Banco de España no hizo más que aliviar las dificultades económicas del Estado desde su fundación hasta finales del siglo XIX. La pérdida de las últimas colonias en 1898 creó una desestabilización en el país que no se regularizó hasta ya entrado el siglo XX. Siempre de común acuerdo con el gobierno, el banco se convirtió en agente de éste en el extranjero y llegó a participar en el Banco de Marruecos. Concedió préstamos al sultanato en 1910, y en 1918 a los bancos norteamericanos y franceses, operaciones que ponen de manifiesto el resurgimiento económico español.

La ley Cambó

Una nueva era en la trayectoria del banco la marca la Ley de Ordenación Bancaria de 1921, inspirada por Francisco Cambó, ministro de Hacienda. Básicamente lo que destaca de la misma es que convertía el Banco de España en banco de bancos, en detrimento de los clientes privados, al mismo tiempo que aportaba al gobierno una política monetaria, definía por primera vez el concepto de banco central y banca privada, y establecía que el gobierno participaba en los beneficios del banco. En esta misma ley se prorrogó la emisión de billetes, que caducaba en 1921, hasta 1946. Se amplió el capital de 150 a 177 millones de pesetas, y el tope circulante fiduciario pasó de 5. 000 millones a 6. 000. La amplitud de esta ley no nos permite entrar en más detalles, pero sin la menor duda supuso un gran impulso en el desarrollo del banco. Entre 1920 y 1930 no hubo grandes cambios en la entidad a pesar de verse afectada por las sucesivas devaluaciones de la peseta. Los problemas de carácter orgánico empezaron con la República, hasta el extremo de que lndalecio Prieto, ministro de Hacienda, apuntó la posibilidad de una nacionalización del banco, pero la crisis se superó con la distribución en el consejo de tres miembros del banco y tres del Estado. Más adelante, la situación empeoró con la contienda civil, y el banco, al igual que España, quedó dividido en dos. El Banco de España era gobernado desde marzo de 1936 por Luis Nicolau d’Olwer, nombrado por el gobierno de la República, y como subgobernador primero figuraba Pedro Pan, que posteriormente fue el creador del Banco de España en Burgos. La situación en que se encontraba el país hizo que controlara las sucursales, intervención que duró hasta el 11 de mayo de 1938, en que el gobierno de la República trasladó el Banco de España a Barcelona. Entonces tomó de nuevo el control de las sucursales catalanas, y operó y celebró junta de accionistas durante la contienda, la última el 8 de enero de 1939. Cesó sus actividades con la caída de Barcelona. Paralelamente, en la zona nacional fueron agrupándose los miembros de la administración del banco para establecer una nueva administración central en Burgos al amparo de la Junta de Defensa. El 24 de septiembre de 1936, se reunió el consejo en esa ciudad bajo la presidencia de Pedro Pan y representantes de los accionistas. Su primera iniciativa, consistió en unificar la política de las sucursales existentes en zona nacional. Se nombró como subgobernador en Burgos a Antonio Artigas, y se organizó el nuevo equipo de dirección. La situación era de carácter provisional ante la toma de Madrid, que se creía inminente, pero al demorarse ésta, el 12 de marzo de 1938, casi dos años después, se nombró gobernador a Antonio Goicoechea, que asumía a la vez el control de toda la banca oficial (Banco Hipotecario, Banco Exterior de España y Banco de Crédito Industrial). En Santander, el 18 de septiembre de 1938, tuvo lugar una nueva junta de accionistas, en la que se autorizó a la dirección del banco a ejercer las acciones legales necesarias para la recuperación del oro enviado a Rusia por el gobierno de la República. Un decreto del 12 de noviembre de 1936, válido para la zona controlada por la Junta de Burgos, desmonetizó todos los billetes emitidos por el Banco de España en fecha anterior al 18 de julio de aquel año, medida que se extendió a los certificados en plata. La falta de papel se dejó sentir durante toda la contienda, al extremo de tener que emitirlo con carácter de urgencia en gran cantidad de ayuntamientos, de toda España. También se emitieron billetes en Barcelona por la Generalitat y por el Banco de España; en Bilbao y Santander por bancos privados, y en Gijón y de nuevo en Santander por el Banco de España. El Consejo de Asturias y León realizó una serie en 1937, y el Ministerio de Hacienda en Madrid también cubrió sus necesidades emitiendo una serie en 1937. Mientras, en la zona nacional, el 21 de noviembre de 1936 empezó a emitir el Banco de España en Burgos, que continuó haciéndolo hasta el 10 de agosto de 1938. Finalizada la guerra, los billetes desmonetizados continuaron en la misma situación, y tuvieron validez solamente los emitidos en Burgos. A partir de 1939, todo el papel se emitió en Madrid. Un nuevo período del Banco de España comenzó en 1939, pero ante la falta de reservas de oro y de plata y la situación bélica en el exterior, el ministro de Hacienda, Larraz, optó por una reforma interna, poniendo en marcha un ordenamiento monetario y financiero y reorganizando el Banco de España. La ley de 13 de marzo de 1942 dio por liquidados los ejercicios de 1939 a 1941, e inició una nueva etapa. La evolución del banco inspiró la redacción de unos nuevos estatutos, que entraron en vigor el 24 de julio de 1947 y que se mantuvieron vigentes hasta la nacionalización del Banco el 7 de julio de 1962. A partir de esta fecha, además de banco emisor y vigilante de la banca privada, le corresponde gestionar la política monetaria según las directrices de gobierno, guardar los fondos de reserva y divisas y controlar los pagos al exterior. El 14 de noviembre de 1969 sustituyó al Instituto Español de Moneda Extranjera, y a partir del 19 de junio de 1971 asumió las funciones del Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro, y de parte de las propias del Instituto de Crédito a medio y largo plazo. La evolución experimentada por el Banco hasta la actualidad, ha sido una constante adaptación a las tendencias económicas de esta última época, guiada por las necesidades del país y por el reflejo de la actuación de bancos de nuestro entorno geográfico, pero conservando básicamente la normativa y cambios de los últimos estatutos.